Por Edith Roque
En Jalisco, el discurso de la innovación se repite como mantra. Cada foro, cada feria tecnológica, promete el mismo milagro: convertir la ciencia en motor económico. La Universidad de Guadalajara presume cifras récord en solicitudes de patentes, mientras que el gobierno estatal celebra programas como PROINNJAL o PROPIN, que financian proyectos y pagan el costo de registrar invenciones. Pero detrás de los números, el verdadero desafío no es inventar, sino lograr que esas patentes lleguen al mercado.
Ahí comienza la diferencia entre las universidades públicas y las privadas. En las primeras, la transferencia tecnológica es una carrera de resistencia: falta personal especializado, los procesos son lentos y los presupuestos llegan tarde o se recortan con cada cambio de administración. En las segundas, el camino suele ser más directo, aunque no exento de dilemas éticos. El Tec de Monterrey, por ejemplo, ha logrado vincular laboratorios con startups a través de sus parques tecnológicos y alianzas con la industria farmacéutica o automotriz. El ITESO, por su parte, ha impulsado proyectos sociales con comunidades rurales que combinan innovación con sustentabilidad. Ambas han entendido que una patente sin mercado es solo papel costoso.
Las universidades públicas, en cambio, siguen atrapadas entre la burocracia y la falta de incentivos. La UdeG cuenta con talento, infraestructura y una red de investigadores que podría alimentar un ecosistema de innovación regional. Sin embargo, la mayor parte de sus desarrollos se detiene en el laboratorio. ¿Por qué? Porque las oficinas de transferencia tecnológica (OTT) operan con plantillas mínimas y sin autonomía para negociar licencias o alianzas. La tramitología es un laberinto: un proyecto puede tardar más en obtener permisos internos que en completarse técnicamente.
La UNAM enfrenta un problema similar, su Coordinación de Vinculación y Transferencia Tecnológica reconoce que muchas de sus patentes mueren antes de nacer: no alcanzan niveles de maduración tecnológica (TRL) suficientes para interesar al sector privado. Y aunque algunas joyas logran llegar a la industria —como los antivenenos o los anticuerpos monoclonales desarrollados en sus laboratorios—, siguen siendo casos aislados en un mar de buenas intenciones.
Las universidades privadas, por su parte, disfrutan de mayor agilidad. No dependen del presupuesto público ni de los calendarios políticos. Sus consejos directivos toman decisiones rápidas y sus investigadores suelen moverse con lógica empresarial: si algo no tiene mercado, no avanza. Pero esa misma eficiencia puede volverse un arma de doble filo. En ocasiones, la investigación se orienta más al rendimiento económico que al beneficio social. En los laboratorios privados se patenta lo rentable, no lo necesario.
Mientras tanto, el país entero parece vivir una paradoja. México ocupa el lugar 58 en el Índice Global de Innovación 2024, y aunque produce miles de egresados en ingeniería y ciencias, pocos terminan trabajando en proyectos de alta tecnología. La inversión en I+D ronda apenas el 0.3 % del PIB, muy por debajo del promedio de la OCDE. En ese contexto, la transferencia tecnológica no solo enfrenta falta de recursos, sino también desconfianza: empresarios que dudan del valor de la ciencia mexicana, investigadores que temen “venderse al mercado”, y gobiernos que anuncian políticas de innovación cada sexenio sin continuidad.
¿Qué hacer entonces? Tal vez la respuesta esté en tender puentes reales entre ambos mundos. Las universidades públicas pueden aprender de la agilidad de las privadas; las privadas, del compromiso social que aún sobrevive en las públicas. Se necesita un modelo híbrido: alianzas donde la investigación con propósito público se traduzca en innovación rentable, sin perder su vocación de servicio.
Jalisco podría ser el laboratorio ideal para intentarlo. Ya tiene programas, talento y experiencia. Falta lo esencial: confianza y visión compartida. Un sistema donde la ciencia no se mida solo por cuántas patentes se registran, sino por cuántas cambian vidas.
Porque al final, la transferencia tecnológica no debería ser una carrera entre universidades, sino un proyecto de país. Y si seguimos viendo el conocimiento como mercancía o como trofeo burocrático, no habrá reforma ni discurso que nos salve del estante del olvido.