Edith Roque Huerta
Hablar de privacidad en la era de la inteligencia artificial es hablar de un derecho que se erosiona de manera silenciosa, casi inadvertida, pero con consecuencias profundas. No se trata únicamente de la exposición de datos personales, sino de la disolución de una condición indispensable para la vida democrática: el espacio íntimo desde el cual ejercemos nuestra autonomía.
La filósofa Carissa Véliz ha insistido en una advertencia clara: cerramos la puerta de nuestras casas con candado, pero dejamos abierto el portón digital de nuestra vida. Cada búsqueda en internet, cada desplazamiento con un teléfono en el bolsillo y cada interacción en redes sociales son insumos de una economía de la vigilancia que convierte a los ciudadanos en mercancías. Lo más grave no es solo que estas prácticas vulneren la privacidad individual, sino que instauran reglas no escritas que condicionan la libertad colectiva.
El derecho nos enseñó que la publicidad de la ley es condición mínima del Estado constitucional. Todos deben conocer de antemano las normas que rigen su conducta. En el ámbito digital ocurre lo contrario: algoritmos opacos deciden quién recibe un crédito, quién accede a un servicio de salud o quién es considerado “riesgo migratorio”. El ciudadano enfrenta así una paradoja kafkiana: sabe que hay una decisión en curso, pero desconoce los criterios que la producen. Defenderse se vuelve imposible.
La normalización de la vigilancia refuerza este escenario. Los estudios psicológicos muestran que las personas cambian su conducta cuando saben que son observadas, pero también que terminan habituándose a esa observación. México no es ajeno a esta lógica. La Ley Federal de Telecomunicaciones permite a las autoridades acceder a datos de geolocalización y biométricos sin orden judicial en determinados supuestos. El límite entre seguridad pública y vigilancia generalizada se diluye, y con ello la noción misma de proporcionalidad.
La privacidad no es un lujo ni una obsesión individualista: es la garantía que preserva la autonomía frente al poder. Un ciudadano vigilado permanentemente es un ciudadano que piensa dos veces antes de disentir, asociarse o expresarse.El riesgo no es hipotético; es estructural. Por eso, el humanismo jurídico exige comprender que la defensa de la privacidad equivale a la defensa de la libertad.
La inteligencia artificial ha potenciado la capacidad de inferir conductas, gustos y riesgos con una precisión estadística sin precedentes. Pero esa precisión no equivale a verdad. Durante la pandemia de COVID-19 se desplegaron cientos de algoritmos para diagnosticar la enfermedad; metaanálisis posteriores demostraron que ninguno resultó clínicamente útil. La apariencia de cientificidad ocultaba, en realidad, un ejercicio de pseudociencia con pacientes de carne y hueso. El problema no es solo técnico: es jurídico y ético, porque se asignó autoridad a sistemas incapaces de responder bajo criterios de responsabilidad.
El derecho tiene aquí un doble desafío, por un lado, debe establecer límites constitucionales claros, ningún acceso a datos biométricos o geolocalización puede prescindir del control judicial. Por otro, debe garantizar que los algoritmos empleados por el Estado o por particulares con incidencia pública sean auditables y comprensibles. Lo contrario perpetúa lo que podría denominarse un “derecho secreto”: normas algorítmicas que rigen sin ser conocidas por los gobernados.
La tarea en México es aún más básica: reconocer que sin privacidad no hay ciudadanía plena. Las universidades, los tribunales y los legisladores deben asumir que la inteligencia artificial no es un artefacto neutral, sino un espacio donde se disputa la vigencia de derechos fundamentales. Si se delega sin control, lo que se erosiona no es un dato aislado, sino la posibilidad de vivir con libertad.
La ética, en este contexto, es también diseño normativo. Un buen marco legal no se mide por la cantidad de cláusulas que contiene, sino por la capacidad de proteger a quien está en situación de vulnerabilidad. Frente a la fascinación tecnológica, corresponde insistir en una verdad elemental: la privacidad es el límite constitucional a la vigilancia digital y, por tanto, la condición de posibilidad de toda vida democrática.