Por Juan Carlos Hernández Ascencio
Se ha dicho una y otra vez, que, si algo funciona en México, es la organización de las elecciones, al menos en las últimas tres décadas, que se ha logrado establecer la forma de convivencia pacífica entre los gobernados y los gobiernos. Podemos encontrar por desgracia otros problemas sociales, pero no se encuentra entre ellos el de la realización de elecciones.
Es por ello por lo que los procesos electorales, las instituciones, como los institutos políticos, conforman al andamiaje de los países democráticos en el mundo, y ello implícitamente hace que exista la democracia al contribuir al fortalecimiento de cambios sociales que abona a la representación política.
Hoy día se discute y mucho se ha difundido ante la opinión pública el tema de la próxima aprobación o no, de la reforma electoral, llamada plan b que ha presentado el Ejecutivo Federal y que ha tenido eco en las cámaras alta y baja de legisladores en el país, y que está en ciernes de ser aprobada.
Entorno a ello, a la posible aprobación se ha volcado un sin número de expresiones que la desaprueban, pues la realidad es que si desmantela (de aprobarse) la integridad del Instituto Nacional Electoral, así como su probada eficiencia.
Con la actual legislación electoral que data del año 2014 y otras anteriores el INE ha realizado la instalación de más de 700 mil casillas, organizado más de 330 elecciones, entregado más de 340 millones de credenciales de elector y contado más de 320 millones de votos, amén de las múltiples asesorías que ha realizado a países, que han aprendido la forma de llevar a cabo una elección en términos de logística y operación.
Esto por no hablar de la atrofia presupuestal y de infraestructura que volvería muy complicado seguir otorgando la credencial para votar con fotografía con el nivel de atención y eficiencia con el que se hace actualmente, o bien, también, con la posibilidad de que ahora los funcionarios públicos intervengan directamente en las campañas electorales distorsionando la equidad en la competencia política.
Además se señalan consecuencias en materia de fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos, el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos, la protección de los datos personales de la ciudadanía, los derechos laborales de quienes integran el Servicio Profesional Electoral Nacional y la Rama Administrativa de los Organismos Públicos Locales, así como el respeto al pacto federal y la libre configuración legislativa de las entidades federativas que se ven afectados en diversa graduación por las reformas electorales.
Las propuestas de modificaciones legales han sido confeccionadas sin tomar en consideración la experiencia y conocimiento técnico de la autoridad electoral, pese a que, el Instituto ha mantenido siempre una posición de colaboración con todas las instituciones del estado mexicano.
Es decir, nos damos cuenta de que no hay avances en dicha propuesta de reforma electoral, sino que retrocesos, que, de origen podrían ser anticonstitucionales, pues no se ve un proceso normal desde su inicio. Es loable ponderar y recapacitar en bien del país y la ciudadanía que ha depositado la plena confianza en el órgano electoral por excelencia, el INE.
Lo menos que podemos hacer es estar atentos a lo que se viene, en todo sentido, pues hay que recordar que se aproxima la elección más grande de la historia del país, y es ahí en que se debe contar con toda garantía legal. Otra vez: ¡que no llegue el rumor de la discordia!
