Para hacer más efectiva la garantía de atención a quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC Jalisco), aprobó un reglamento específico, así como un protocolo para la atención a las víctimas, así como la armonización respectiva en el Reglamento de Quejas y Denuncias existente.
El Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en razón de Género del IEPC Jalisco tiene por objeto regular el trámite y sustanciación del procedimiento sancionador especial que establece el Código Electoral del Estado de Jalisco en lo que se refiere a conductas de violencia política.
La nueva norma se compone de 49 artículos integrados en nueve capítulos:
Disposiciones generales; Recepción de la queja o denuncia y registro e integración de expediente; Escrito de queja o denuncia; Investigación y pruebas; Emplazamiento, audiencia y remisión al Tribunal del Estado de Jalisco;
Funcionamiento de la Comisión; Medidas cautelares; Medidas de Protección; e Informes que rinde la Secretaría.
En tanto, el Protocolo es un instrumento que “tiene como finalidad primordial atender a mujeres víctimas de violencia política en razón de género”, precisándose que “la razón de género no se acredita por el solo hecho de ser mujer, sino por un contexto en el que las mujeres se ven invisibilizadas, anuladas o violentadas de manera histórica y social, por lo que no siempre las mujeres van a ser violentadas cumpliendo estrictamente el elemento del género o el sexo y por ende no toda violencia contra las mujeres es por el hecho de serlo”.
Además, se resalta que el protocolo “es solo un paso en el reconocimiento de la situación de violencia estructural en el que se encuentran diversos grupos en situación de vulnerabilidad y la necesidad de contar con reglas que protejan y respeten sus derechos humanos, así como su vida e integridad y darles el tratamiento adecuado según la naturaleza de los hechos denunciados; por lo que este Instituto seguirá trabajando para la elaboración de los Protocolos pertinentes para atender a los diversos grupos en situación de vulnerabilidad, en especial, de las personas trans
y de la diversidad sexual”.
En la sesión, además, se declararon inexistentes y no acreditadas como infracciones conductas de legisladoras locales y funcionarios públicos del Gobierno del Estado, consideradas por las partes promoventes o utilización de recursos públicos.
En uno de los casos expuesto se planteó que integrantes del Congreso del Estado y el secretario del Sistema de Asistencia Social (Mónica Paola Magaña Mendoza, Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, Alberto Esquer Gutiérrez) “llevaron a cabo eventos relativos al programa ‘Polos de Desarrollo’ de la Secretaría del Sistema de Asistencia
Social”; en el segundo caso denunciado, se indica que se utilizaron vehículos con “engomados” con el nombre de las denunciadas (Mónica Paola Magaña Mendoza, Laura Gabriela Cárdenas Rodríguez, legisladoras locales) y que utilizaron como transporte en una gira, lo que constituiría, a su decir, uso indebido de recursos públicos.
