Tras cuatro años y medio de proceso judicial, David “C”, exdocente de la Preparatoria Regional de Chapala de la Universidad de Guadalajara, fue declarado culpable del delito de abuso sexual infantil y condenado a ocho años de prisión. La víctima advierte que la sentencia aún puede ser apelada y exige que se mantenga la medida cautelar de prisión mientras se resuelve el proceso.
Después de cuatro años y medio de enfrentar un proceso judicial, una víctima de abuso sexual infantil obtuvo una sentencia condenatoria contra David “C”, exdocente de la Preparatoria Regional de Chapala de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
Durante la audiencia, el juez Iván Gómez Vega determinó la responsabilidad penal del exdocente por el delito de abuso sexual infantil y le impuso una pena de ocho años de prisión.
Sin embargo, la resolución no representa todavía el cierre definitivo del caso. De acuerdo con la víctima, la defensa del sentenciado tiene la posibilidad de apelar la resolución, por lo que la ejecución de la condena podría quedar pendiente hasta que se resuelva el recurso.
Uno de los principales puntos de preocupación para la víctima es la solicitud de la defensa para modificar la medida cautelar que actualmente mantiene al sentenciado privado de la libertad.
Según explicó, debido a que los hechos ocurrieron en 2014, cuando el delito no contemplaba la prisión preventiva oficiosa en los términos actuales, la defensa solicitó que se revise la medida cautelar y que David “C” pueda continuar el proceso en prisión domiciliaria mientras la sentencia queda firme.
El juez determinó modificar la prisión preventiva oficiosa por prisión preventiva justificada, situación que, de acuerdo con la víctima, permite que la defensa continúe solicitando revisiones de la medida cautelar.
“No quiero que la sentencia se quede en papel”
La víctima señaló que su principal preocupación no es la reparación económica del daño, sino que la sentencia tenga una consecuencia efectiva y que el condenado permanezca privado de la libertad.
“Lo que yo quiero es una consecuencia real”, afirmó al ser cuestionada sobre su exigencia de que David “C” permanezca en prisión.
Explicó que existe el temor de que, en caso de obtener prisión domiciliaria, el sentenciado pueda evadir la acción de la justicia. También manifestó preocupación por la seguridad de una de las testigos, debido a que mantiene vínculos familiares y de vecindad con el acusado.
La víctima aclaró que sí acepta la reparación del daño, particularmente para cubrir los gastos relacionados con terapia psicológica, pero sostuvo que su prioridad es garantizar que la sentencia no se convierta únicamente en una resolución escrita sin consecuencias materiales.
“Yo lo que busco en garantía es que si ya emitieron una sentencia, esta no se quede solo en papel”, manifestó.
Señala vínculos familiares del acusado dentro del Poder Judicial
Durante la sesión de preguntas, la víctima también expresó preocupación por posibles conflictos de interés y señaló que la hermana de su agresor trabaja como secretaria de actas y acuerdos en un juzgado con sede en Puente Grande.
A partir de ello, sostuvo que el sentenciado cuenta con vínculos familiares dentro del Poder Judicial y cuestionó las condiciones en las que las víctimas deben enfrentar los procesos judiciales.
No obstante, estas afirmaciones corresponden a los señalamientos realizados por la víctima y deberán ser valoradas por las autoridades competentes.
Cuestiona el acceso de las víctimas a la justicia
La denunciante también cuestionó la dificultad para establecer contacto con autoridades judiciales. Relató que acudió al exterior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco para manifestarse, pero aseguró que no tuvo acceso para plantear directamente su situación ante las autoridades.
En este contexto, hizo un llamado a José Luis Álvarez Pulido, a quien identificó como representante del Poder Judicial en Jalisco, para que el acceso a la justicia para las víctimas sea “pronto y efectivo”.
La víctima sostuvo que el desgaste de los procesos judiciales puede ser emocional, físico y económico, y llamó a fortalecer los mecanismos de protección para quienes denuncian delitos sexuales.
También destacó la importancia de que las víctimas cuenten con asesoría jurídica adecuada desde el momento en que presentan una denuncia, particularmente para documentar correctamente los aspectos relacionados con la reparación del daño, incluidos gastos de atención psicológica y otros costos derivados del proceso.
“Lo importante es que se ejecute”
Tras la sentencia, la víctima aseguró que su siguiente objetivo es que la condena se haga efectiva y que no se modifique la medida cautelar para permitir que el sentenciado regrese a su domicilio.
“Lo primero o lo importante es que no hagan el cambio en la medida cautelar, que no le den prisión domiciliaria”, señaló.
Actualmente, David “C” permanece privado de la libertad en instalaciones vinculadas con los juzgados de Chapala, mientras se analiza la situación de la medida cautelar y la eventual impugnación de la sentencia.
La víctima consideró que los tiempos y obstáculos de los procedimientos judiciales pueden contribuir a que los casos se prolonguen durante años y, en consecuencia, aumentar el desgaste de quienes denuncian.
Al finalizar su posicionamiento, reiteró su exigencia de que la sentencia quede firme y que el condenado cumpla la pena impuesta.
“Las infancias no se tocan. Cero impunidad para los agresores y protección real para las víctimas. Justicia para mí y justicia para todas”, expresó.