El sistema financiero mexicano es una porquería, ya que se han presentado constantes abusos e incluso fraudes a los ahorradores mexicanos y en especial en nuestro Estado, con la constante de omisiones e incluso posibles complacencias por parte de autoridades federales y estatales, aseguró Enrique Anaya, uno de los ahorradores afectados por el cierre de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Proyecto Coincidir, y que no les han devuelto sus recursos, en un problema que se remonta a 2018.
Incluso, advirtió que la impunidad con la que se han desarrollado los fraudes financieros no sólo han afectado a miles de ciudadanos mexicanos, la gran mayoría adultos mayores y personas con problemas de salud (varios ya han fallecido, sin recuperar su dinero), sino que dejan en riesgo la salida de capitales extranjeros, que generan empleos.
En rueda de prensa, este miércoles, una decena de ahorradores afectados, en representación de los más de 250 perjudicados, por el cierre de dicha financiera, exigieron a los gobiernos federal y estatal avance en la liquidación de la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Proyecto Coincidir cuyo trámite se encuentra atorado desde hace casi seis años.
Al respecto, el abogado de los afectados Arturo Corona Cardona, explicó que el proceso de liquidación inició desde el pasado 17 de diciembre del 2018, pero no se ha registrado ningún avance a la fecha.
“El problema es que el liquidador actual y los anteriores no han hecho su trabajo, han anunciado tres liquidadores y al último le pagaron cerca de 7 millones de pesos, no obstanteello está ilocalizable y no ha hecho nada”.
Precisó que son más de 250 ahorradores afectados, con un daño a su patrimonio por alrededor de 900 millones de pesos.
“Pedimos que las autoridades federales, es decir la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) asuma su responsabilidad, que les devuelvan los ahorros y se subrogue de los derechos que están pagando al liquidador.
Además pidieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se declare la inconstitucionalidad de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, en específico el Artículo 37, porque no propicia la adecuada supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a las empresas financieras, e incluso propicia la discrecionalidad que desemboca en irregularidades.
Corona Cardona, añadió que también existen varios expedientes penales abiertos en la Fiscalía del Estado, pero están estancados los procesos.
“Lo último que tenemos conocimiento es que les mandaron a realizar lectura de derechos que es ratificar ante el Ministerio Público lo que los clientes y ahorradores afectados están denunciando, pero estamos hablando de más de cinco años que no hay avances”.
El abogado hizo un llamado a la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera a revisar el caso, porque hay delitos federales y quizá temas de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Cabe señalar que fue en diciembre del 2018, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó el acuerdode revocación de la autorización para operar como sociedad financiera.
