El gobierno morenista de Nayarit ha generado preocupación entre los empresarios de Jalisco, al ser acusado de implementar un esquema de persecución y abuso de poder que afecta no solo a litigantes, sino a ciudadanos en general.
El abogado Christian González ha denunciado una serie de irregularidades por parte de las autoridades nayaritas, quienes estarían utilizando métodos intimidatorios para silenciar a quienes se atreven a cuestionar sus decisiones. El caso más destacado es el del abogado Joel Marín, defensor de empresarios jaliscienses en litigios sobre expropiaciones que él califica de ilegales en Bahía de Banderas. Marín fue detenido tras promover un amparo, una acción que debería ser protegida por la ley, lo que ha generado un fuerte repudio entre sus colegas y la comunidad empresarial.
González subraya que esta situación no es un hecho aislado; al menos 87 casos documentados de ciudadanos, ejidatarios y empresarios han sufrido procesos legales irregulares, arrestos injustificados y presiones políticas. Este patrón de abuso plantea serias preguntas sobre el estado de la justicia en Nayarit y el respeto a los derechos humanos.
En este contexto, es crucial que la sociedad civil y las instituciones federales tomen cartas en el asunto. González hace un llamado al Gobierno de México para que actúe de manera inmediata, exigiendo la liberación de Joel Marín, la suspensión del polémico “Mega Operativo Nayarit”, y la apertura de una investigación que desentrañe las responsabilidades de la Fiscalía y del Poder Judicial en Nayarit.
La integridad del sistema legal y el respeto a los derechos de todos los ciudadanos deben estar por encima de cualquier interés político. Es momento de unir voces y exigir un cambio que garantice justicia y equidad en nuestro país.