Por: Annia García
Titular de la Secretaría de
la mujer del PAN en el Estado de Jalisco
Lo que hoy ocurre en Tequila, Jalisco, no es un incidente aislado ni un simple “exceso de funciones”. Es la crónica de un colapso institucional anunciado.
El municipio, famoso mundialmente por
la bebida que tiene su nombre, su esencia y tradición, ha cambiado su distinción de Pueblo Mágico por una realidad mucho más oscura: la de ser un terreno donde la impunidad, la corrupción y la violencia política echaron raíces ante la mirada de todos.
La reciente detención del presidente municipal por parte de autoridades federales, bajo el marco del “Operativo Enjambre”, no hace más que confirmar lo que desde hace tiempo era un secreto a voces. Cuando un gobierno municipal se desprende del estado de derecho para abrazar la opacidad, el resultado es inevitablemente la descomposición.
Sin embargo, la corrupción económica no es la única mancha en esta administración. Es imperativo recordar que, desde esta misma trinchera, denunciamos cómo quien ostentaba el poder convirtió en victimas a sus propias compañeras.
La violencia política en razón de género ejercida contra las regidoras, incluso hacia aquellas del mismo partido, es la prueba fehaciente de que el poder se ejerció sin ética ni respeto. Erradicar esta violencia no es una opción; es una urgencia democrática que debe trascender las fronteras de este municipio.
“Cuando el miedo gobierna, las primeras en quedar expuestas son las mujeres y las voces críticas.”
Una advertencia para Jalisco
Tequila se ha convertido en un caso de estudio sobre lo que sucede cuando los gobiernos normalizan la cercanía con el crimen y desprecian la rendición de cuentas.
Sin seguridad jurídica no hay libertad, y sin libertad, el desarrollo de un municipio —por más “mágico” que sea su nombre— es simplemente imposible.
Lo que hoy estalla en Tequila es una advertencia clara: la ciudadanía no puede permitir que la impunidad se convierta en la norma. Es momento de limpiar la casa, de exigir justicia para las regidoras violentadas y de asegurar que el servicio público vuelva a ser, precisamente, para el público y no para el beneficio de unos cuantos.