Por Edith Roque
Un niño migrante avanza por la carretera de 
Tapachula con una mochila en la espalda. Dentro lleva una botella de agua y una fotografía familiar. En México, el derecho a la infancia sigue detenido en los retenes, en las estaciones migratorias y en los expedientes de las autoridades que olvidaron que la ley también tiene corazón.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)emitió en 2024, 77 recomendaciones relacionadas con personas migrantes, casi un 40 % de ellas vinculadas a niñas, niños y adolescentes (NNA). Las denuncias se repiten: detenciones prolongadas, uso excesivo de la fuerza, falta de atención médica y separación familiar. Detrás de cada número hay una historia truncada.
México es país de tránsito y destino. En 2024, el Instituto Nacional de Migración (INM) detectó más de 50 000 NNA migrantes no acompañados, principalmente de Honduras y Guatemala. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) prohíbe retener a menores en estaciones migratorias y exige su traslado inmediato a albergues del DIF. Sin embargo, la CNDH documentó que en centros como Siglo XXI, en Tapachula, los menores permanecen recluidos por semanas, sin intérpretes, sin acceso a salud ni educación.
La Recomendación 149/2024 dirigida al INM y al DIF Nacional describió la retención ilegal de 12 menores durante 15 días. La Recomendación 146/2024 expuso la muerte de un adolescente por negligencia médica en Tijuana, y la 175VG/2025, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional, relató un operativo en Huixtla, Chiapas, donde una menor de 14 años murió por disparos militares. Cada caso representa una fractura del Estado de derecho y del principio del interés superior del menor, consagrado en el artículo 4º constitucional.
El diagnóstico es contundente: la migración infantil sigue tratándose como un asunto de seguridad, no de derechos humanos. Las estaciones migratorias operan como cárceles; los albergues del DIF están saturados y mal financiados; y las autoridades repiten protocolos sin resultados. Las recomendaciones de la CNDH funcionan como espejos rotos: reflejan la gravedad, pero no reparan el daño.
La Recomendación General 22/2015 ya advertía sobre las condiciones inhumanas en estaciones migratorias y ordenaba prohibir la retención de menores. Diez años después, la situación no ha cambiado. La reforma de 2014, que prometía un sistema protector se ha diluido entre excusas presupuestales y estructuras militarizadas.
Las cifras confirman el abandono: el 85 % de las recomendaciones de la CNDH son aceptadas, pero menos del 50 % se cumplen integralmente. Las causas: falta de coordinación institucional, ausencia de rendición de cuentas y un modelo de gestión migratoria centrado en la contención. México actúa como si proteger a los niños migrantes fuera un acto de caridad y no una obligación jurídica derivada de la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El drama migratorio infantil revela también una fractura ética profunda. Cuando el Estado normaliza la vulnerabilidad y la indiferencia institucional se vuelve rutina, la legalidad pierde sentido. No basta con cumplir tratados internacionales; se requiere una transformación moral del aparato público, donde la empatía sea parte del deber y la protección no dependa de la suerte o del turno administrativo. La migración infantil no es un problema que se resuelve con sellos o reportes: es una herida que exige humanidad y justicia cotidiana.
Mientras tanto, las caravanas avanzan. Niñas con fiebre, adolescentes con miedo, madres que cruzan con bebés en brazos. En los retenes, el reloj de las 36 horas —plazo máximo de retención legal— nunca se detiene, y el principio de dignidad humana se convierte en un trámite sin firma.
Las recomendaciones de la CNDH no son solo documentos; son testamentos del fracaso institucional. Cada una recuerda que el derecho no basta si el Estado no tiene voluntad de aplicarlo. México no necesita más informes: necesita una política de acogida real, que desmilitarice el control migratorio, profesionalice a los agentes del INM y garantice la atención inmediata a NNA en albergues adecuados.
Los niños migrantes no buscan privilegios: solo quieren llegar a un lugar donde su infancia no sea un delito, y en ese camino, cada recomendación ignorada es una frontera más.