Por Juan Carlos Hernández A.
En los últimos días se ha presentado la iniciativa de una nueva reforma electoral que con toda seguridad será defendida por unos y otros partidos políticos en la inteligencia de sacar mayor provecho -pensamos que para los electores- en principio y en la forma de ser representados y fortalecer a las instituciones democráticas que abonan al país estabilidad política.
Al tenor de algunas de las actuales narrativas que circulan en la discusión pública que parecen propugnar una especie de refundación del modelo electoral, desdeñando las instituciones electorales, sus avances y el papel jugado en las últimas décadas para transitar pacíficamente y de forma institucional de un sistema político autoritario a uno plural y diverso, con un sistema electoral efectivo, auténtico y eficaz que ha dado muestra en el país y a nivel internacional de su capacidad de organización.
Cualquier reforma electoral tiene que ser resultado de un diagnóstico de lo que funciona y de lo que no funciona, con el objetivo de robustecer nuestra democracia ese era ya un planteamiento anunciado, debido a que es una de las tres reformas del Presidente de la República de la segunda mitad de su sexenio, así que era previsible que se presentara y habrá que esperar a que se exponga formalmente.
No es una discusión que le competa dar a la autoridad electoral, sino que se tendrá que dar en el Congreso de la Unión, dado que una reforma electoral implica replantear las formas de acceso al poder en un contexto democrático y eso tiene que ser objeto de una discusión muy amplia, no solo entre la clase política sino entre académicos, periodistas, formadores de opinión, lideres de opinión, los actores políticos en todos sus niveles; las reformas electorales anteriores han sido derivado de crisis, o faltantes en la articulación ley y realidad, hoy no vemos eso, pues es sostenible la actual ley electoral para realizar los procesos electorales del actual año 2022, 2023 y por supuesto de 2024.
La ciudadanía parece tener confianza en democracia, en ello se manifiesta su participación electoral y ahora también consultas populares. Menos intermediación política no se traduce en más democracia. No se debe apostar a la crisis de partidos ni a la amenaza autoritaria; poder legislar no significa erosionar las instituciones. Se necesita un activismo cívico de participación ciudadana, pero también partidos transparentes y claros en sus agendas hacia la ciudadanía, pues la calidad y la supervivencia de las democracias van a depender también de la calidad de como los partidos políticos se pongan de acuerdo en el futuro inmediato.
Por lo que, la discusión, análisis y revisión que se genere entorno a los planteamientos de reforma, deberán ser en beneficio y en aumento a las garantías constitucionales para todos: electores, partidos políticos, instituciones electorales, por lo menos. Habría que preguntar si en verdad es necesaria una reforma electoral.
Las instituciones democráticas no bastan por sí solas para ponerle freno a las pulsiones autocráticas; el mantenimiento de la democracia depende también en gran medida de la concordia entre partidos políticos por defenderla al ser los corresponsables directos en la participación de velar por su no desaparición de lo que ya se ha construido, de lo que se tiene y de lo que funciona. Sea pues!
