Por Edith Roque Huerta
En Jalisco, la transformación social no se escribe únicamente desde los espacios institucionales del gobierno. Desde hace décadas, las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) han ocupado un papel esencial —aunque muchas veces invisibilizado— en la construcción de comunidad, la defensa de derechos y la generación de alternativas frente a la violencia, la exclusión y la desigualdad.
Hablar de las OSC es hablar de miles de personas que, desde el anonimato, sostienen redes de apoyo, visibilizan injusticias, atienden causas que el Estado ha ignorado y, sobre todo, reconstruyen el tejido social en contextos profundamente fracturados. Son ellas quienes acompañan a familias de personas desaparecidas, quienes atienden a mujeres víctimas de violencia, quienes promueven derechos entre comunidades indígenas o quienes protegen el medio ambiente con recursos precarios pero convicciones firmes.
En el caso de Jalisco, existe desde 2005 una Ley para el Fomento y Participación de las OSC, que reconoce su papel estratégico en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas. Más aún, se les identifica como actores claves en la promoción de la cultura de paz, entendida no solo como ausencia de violencia directa, sino como construcción estructural de justicia, equidad y diálogo social.
No obstante, hay una distancia significativa entre el marco normativo y la práctica institucional. En muchos casos, la colaboración con las OSC se reduce a lo simbólico: actos conmemorativos, consultas no vinculantes, convocatorias con restricciones excesivas o espacios de participación sin presupuesto ni poder real de decisión.
A pesar de ello, las OSC en Jalisco siguen siendo fuente viva de innovación social, de construcción colectiva, de ejercicio de ciudadanía activa. En temas tan complejos como los derechos humanos, la justicia transicional, el medio ambiente, la salud comunitaria, la economía solidaria o la educación con enfoque intercultural, muchas veces sus acciones han sido más eficaces y transformadoras que las políticas públicas formales.
Su contribución no puede medirse únicamente en cifras, sino en impacto humano: en cada víctima acompañada, en cada joven rescatado de la violencia, en cada espacio comunitario recuperado, en cada red de confianza construida. Esta labor —profundamente ética, empática y transformadora— constituye un capital democrático invaluable, que el Estado debería reconocer no solo con palabras, sino con políticas públicas que garanticen financiamiento, autonomía, seguridad y voz.
En contextos de crisis, como la que vive actualmente Jalisco con la violencia criminal, y la discriminación estructural,entre otros factores, las OSC han demostrado su capacidad para resistir, adaptarse e innovar. Lo hacen sin reflectores, con escasos apoyos y muchas veces bajo riesgo. No obstante, su legitimidad social es, en muchos territorios, mucho mayor que la de las propias autoridades, que sean vistas como como actores políticos legítimos, con voz crítica, autonomía plena y poder de incidencia.
Si bien la legislación local contempla mecanismos de participación, en la práctica estos resultan en su mayoría consultivos y no vinculantes, lo que genera dinámicas de simulación participativa. Se convoca, se escucha, pero no se transforma. Este modelo, lejos de fomentar corresponsabilidad, desincentiva el compromiso ciudadano y erosiona la legitimidad del sistema.
El Comité para el Fomento y Participación de las OSC, creado como órgano garante del cumplimiento de esta Ley, ha realizado esfuerzos por visibilizar el papel del sector. No obstante, su impacto sigue siendo limitado, con funciones solapadas a otros entes de participación ciudadana y sin capacidad de decisión real. El Comité debe transitar hacia una figura autónoma, vinculante y con atribuciones plenas, capaz de evaluar políticas públicas de fomento, decidir sobre asignación de apoyos y garantizar una participación efectiva de las OSC.
Desde una perspectiva de humanismo jurídico, resulta inaceptable que las OSC sean tratadas como actores secundarios o invitados decorativos. Su existencia y su labor son expresión del derecho humano a la participación, a la asociación libre y al ejercicio de la autonomía colectiva. Deben ser reconocidas como sujetos políticos con voz y poder, no como brazos operativos del gobierno o simples receptores de programas.
Una democracia que no valora a su sociedad civil organizada está condenada a empobrecerse éticamente. Y una política pública que no se construye desde la pluralidad de voces y experiencias no solo es incompleta: es injusta. La cultura de paz en Jalisco —tan necesaria como urgente— no podrá consolidarse sin el protagonismo de estas organizaciones, que desde los márgenes han construido lo que el poder no ha sabido garantizar.
La paz se construye desde abajo, y las OSC son el corazón de esa construcción. Escucharlas, protegerlas y dotarlas de condiciones reales para su trabajo no es un acto de generosidad institucional: es una obligación democrática.