Por Edith Roque Huerta
La violencia dejó de ser un fenómeno que se agota en el espacio físico. Hoy viaja en redes, se reproduce en pantallas y afecta cuerpos desde la palabra, la imagen y el silencio cómplice de entornos digitales que no comprenden la gravedad de lo que alojan. La hipérbole no es retórica: es diagnóstico. En México, 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia en línea, y más de 9 millones han enfrentado ciberacoso directo en la última década. No es un ruido estadístico: es un ambiente sistémico.
La violencia digital de género no opera por casualidad; se alimenta del desconocimiento. No son solo mensajes ofensivos o memes desafortunados. Se trata de la divulgación no consentida de imágenes íntimas, la creación de perfiles falsos para hostigar, las campañas coordinadas de difamación, el sexteo convertido en extorsión social, los comentarios sexualizados que expulsan a las niñas de la conversación pública, la erosión emocional que calla voces valiosas. El consentimiento, categoría tan antigua del derecho privado, es todavía desconocido para millones de usuarias del espacio público digital.
Un factor agravante es el analfabetismo digital. Según la ENVIPE 2024, el 91.6% de los delitos en México no se denuncian; en materia de violencia digital, el subregistro supera este porcentaje: apenas 8% de las víctimas formaliza una queja. La normalización social se potencia por la desinformación: muchas mujeres desconocen que compartir un video, una foto, un dato, un rumor, o peor aún, una agresión, sin consentimiento, puede ser delito, puede ser tortura psicológica, puede ser discriminación materializada en píxeles.
La Ley Olimpia —incorporada en 2019 como reforma al Código Penal Federal y replicada progresivamente en legislaciones estatales— fue una respuesta civil a un fenómeno que creció en redes, pero cuya persecución requiere ahora institucionalización plural. Jalisco ha dado pasos normativos relevantes: campañas de sensibilización conjunta entre el gobierno estatal y la Red Universitaria de la UdeG; creación de mesas interinstitucionales; protocolos estudiantiles; esfuerzos que hay que reconocer sin timidez institucional. El reto no es negar avances, sino medirlos: las estadísticas no bajan. Los colectivos de defensa de mujeres —glitter en mano, pañuelos al viento, algoritmos enfrentados con hashtags— siguen creciendo; sus demandas también; su valentía es mérito cívico, pero también llamada de atención.
¿Qué está haciendo falta? Varias cosas que no requieren estridencia, pero sí diseño sólido.
Primero, profesionalización digital obligatoria para plataformas y operadores. Que cada escuela, universidad, oficina de gobierno o institución pública implemente módulos de alfabetización digital crítica: no basta enseñar a usar Word o WhatsApp; hay que enseñar a habitar digitalmente sin repetir violencia. Médicos, contadores, servidores públicos, estudiantes: todos compartimos pantallas; pocos entienden los riesgos. La política pública debe migrar del “saber usar” al “saber convivir”.
Segundo, mecanismos de denuncia anónima y segura. Aquí el valor de blockchain: cadenas de custodia digital que no puedan romperse por presión política o filtración interesada. Portales donde las evidencias tengan temporalidad cierta, inmutabilidad verificable, trazabilidad auditable, fecha que no se borre por conveniencia. La tecnología no sustituye al derecho; lo hace demostrable.
Tercero, servicio civil y profesionalización por mérito. Las mujeres —y quienes las acompañan— no piden privilegios, piden reglas claras; topar techos de desproporción; nombrar lo que no se nombra; dejar de tratar la violencia digital como un asunto “personalísimo” cuando es un problema brutalmente público. La carrera profesional dentro del servicio público —ministerios públicos, fiscalías, policías cibernéticas— debe premiar méritos verificables: quién protege datos, quién investiga con rigor, quién combate oscuridad digital, quién no reproduce violencia. La discrecionalidad sin mérito es corrupción reproducida en algoritmos.
Porque defendernos de la violencia digital de género no es un slogan: es un ejercicio mínimo de supervivencia plural. Y las pantallas de México, hoy, ya están hartas de esperar. Abramos camino a todas y todos los que vienen atrás… también en lo digital.