Amaury Sánchez
El caso Sello Rojo ha marcado un hito en la historia reciente de nuestro país, cumpliendo ya cinco años de un conflicto que parece no tener fin. En el centro de esta controversia se encuentran Rubén Masaye y Abraham Kunio González Uyeda, quienes han intentado despojar a sus primos de un patrimonio que, por derecho, les pertenece. Este asunto no solo es un reflejo de la lucha familiar, sino también un claro ejemplo de cómo el poder y la corrupción pueden entrelazarse para llevar a cabo actos de injusticia.
Es un hecho que la intervención de figuras políticas, como el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, podría influir en el desenlace de este caso. Sin embargo, es crucial que Ebrard no se deje llevar por presiones externas ni se convierta en cómplice de lo que muchos consideran una infamia. Su imagen pública, construida con esfuerzo y dedicación, no debería verse empañada por un conflicto que, a todas luces, se basa en el despojo y la manipulación.
Los hermanos González Uyeda han intentado justificar sus acciones bajo el argumento de que “los negocios son muy dinámicos”, una afirmación que carece de fundamento en un contexto donde la ética y la legalidad deberían prevalecer. En este sentido, es fundamental que las autoridades competentes escuchen la voz de las verdaderas víctimas: los hijos de Don José Luis González. Ellos son quienes han sido despojados de un legado que no les costó construir, y su clamor por justicia debe ser atendido con seriedad.
El entramado de complicidades que rodea este caso es alarmante. Desde jueces que han sido señalados por su participación en fraudes hasta abogados que operan en la sombra, el panorama es desolador. La rapidez con la que se han tramitado las denuncias, sin la debida investigación ni el respeto al debido proceso, pone en entredicho la integridad del sistema judicial. La justicia no puede ser un mero trámite; debe ser un proceso que garantice la equidad y la verdad.
La analogía del “plan maestro de la tranza” no es solo una metáfora; es una realidad que se vive en el día a día de muchos mexicanos que ven cómo sus derechos son pisoteados por aquellos que tienen el poder y los recursos para hacerlo. La complicidad de funcionarios de alto nivel y la falta de acción ante el fraude son un llamado a la reflexión sobre la necesidad de reformar un sistema que, en lugar de proteger a los ciudadanos, parece favorecer a los corruptos.
En conclusión, el caso Sello Rojo es un recordatorio de que la lucha por la justicia es un camino arduo, pero necesario. Es imperativo que todos los involucrados, desde las autoridades hasta la sociedad civil, se unan para exigir un proceso justo y transparente. La voz de las víctimas debe ser escuchada, y la verdad debe prevalecer. Solo así podremos construir un país donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho para todos.
