Por: Annia García titular de la Secretaría de la Mujer del PAN Jalisco
La frialdad de las cifras en este país ha terminado por anestesiar a la clase política, pero hay una realidad que ningún comunicado oficial puede maquillar: México es una fosa abierta.
La reciente carta enviada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a la Presidencia de la República no es solo un trámite diplomático; es un bofetón de realidad internacional ante la indolencia sistemática de un Estado que ha decidido administrar la tragedia en lugar de resolverla.
La postura del organismo internacional es clara y, para quienes seguimos de cerca la crisis humanitaria, es dolorosamente familiar. Se señala la falta de protección, la estigmatización y, sobre todo, el desamparo institucional en el que operan las madres buscadoras.
Mientras en los pasillos de Palacio se habla de «otros datos» y se ajustan censos con fines electorales, en los cerros de Sonora, Veracruz, Guanajuato, entre otros Estados, las mujeres escarban la tierra con sus propias manos. Es inadmisible que, en un país que presume soberanía y justicia social, la seguridad de una madre que busca a su hijo dependa de la «buena voluntad» de los carteles o de su propia suerte.
El papel de las madres buscadoras ha mutado de una labor de amor a una suplencia forzada del Estado. Ellas hacen el trabajo que la Fiscalía no quiere y que el Gobierno prefiere ignorar:
- Investigación de campo: Sin protocolos, pero con una intuición nacida de la desesperación.
- Preservación de restos: Ante la negligencia de servicios forenses desbordados.
- Justicia social: Manteniendo vivos nombres que el sistema ya dio por olvidados.
«La paz no se construye con censos rasurados, se construye con justicia. Y hoy, la justicia en México tiene rostro de madre cansada, manos llenas de tierra y un Estado que le da la espalda.»
La ONU no envía estas misivas al aire. Lo hace porque detecta un patrón de desdén. Cuando el Ejecutivo Federal se niega a recibir a estas mujeres, pero abre las puertas a otros intereses, envía un mensaje contundente: en este sexenio, las víctimas estorban a la narrativa de la pacificación.
Ante este escenario, la dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) ha sentenciado que el desprecio del Gobierno Federal hacia las víctimas es la prueba máxima de un régimen que ha perdido el sentido de humanidad. Para el blanquiazul, la negativa de atender las recomendaciones de la ONU no es soberanía, sino una cobardía institucionalque busca ocultar el fracaso de una estrategia de seguridad que solo ha servido para acumular expedientes vacíos y cementerios clandestinos, mientras se criminaliza a las familias que exigen respuestas.
La respuesta oficial ante la misiva de la ONU suele ser a la defensiva o el silencio. Sin embargo, la dignidad no se negocia. No se puede hablar de transformación mientras el Registro Nacional de Personas Desparecidas sea un campo de batalla de estadísticas y no una herramienta de búsqueda real.
La labor de las madres buscadoras es el recordatorio más potente de nuestra fractura social. Ellas no buscan derrocar gobiernos; buscan verdades. Y si el Estado no es capaz de garantizarles la vida mientras buscan la muerte de sus seres queridos, entonces estamos ante un Estado fallido en lo más elemental: la protección de sus ciudadanos.
Es momento de que la Presidencia deje de ver la crítica, nacional e internacional, como un ataque personal y la entienda como lo que es: un diagnóstico de emergencia. Ignorar la carta de la ONU es ignorar a miles de familias. La historia no será amable con quienes, teniendo el poder de buscar, prefirieron dar la vuelta a la página antes de leer los nombres de los ausentes.